Bosnia y Herzegovina: cómo reducir la fragmentación económica y aumentar la inversión
Bosnia y Herzegovina enfrenta una doble dificultad: una estructura político-administrativa fragmentada que multiplica normas y trámites, y niveles de inversión extranjera directa y empleo productivo por debajo de su potencial. Abordar ambas dimensiones requiere una combinación de reformas institucionales, incentivos económicos, mejoras regulatorias y proyectos concretos que generen confianza para inversionistas domésticos y extranjeros.
Diagnóstico breve y datos relevantes
La división territorial del país en dos entidades (Federación de Bosnia y Herzegovina y República Srpska), sumada al Distrito de Brčko y al régimen de cantones en la Federación, genera una superposición de funciones en materia de tributos, licencias y corporaciones estatales. Los efectos detectados son los siguientes:
- Costes administrativos elevados: múltiples registros, licencias y controles aumentan tiempo y costos para emprender.
- Inseguridad jurídica: heterogeneidad normativa y judicatura débil reducen la protección de contratos y la ejecución de inversiones.
- Bajos flujos de inversión: la inversión extranjera directa y el crédito productivo son inferiores a la media de la región occidental de los Balcanes.
- Desempleo estructural: tasas de desempleo y desempleo juvenil por encima de la media europea, así como salida de talento al exterior.
Según estimaciones internacionales hasta 2023, el PIB nominal del país se situaba en el entorno de veinte mil millones de dólares y el desempleo rondaba cifras elevadas en comparación con vecinos; la recuperación económica después de la pandemia fue modesta y la atracción de capital todavía limitada. Estos valores exigen acciones precisas y medibles.
Metas estratégicas
- Crear un mercado interno efectivo que reduzca barreras entre entidades.
- Mejorar la gobernanza y la aplicación de la ley para aumentar la seguridad jurídica.
- Aumentar la inversión pública y privada en infraestructura y transición energética.
- Fortalecer el sector privado local y las exportaciones mediante apoyo a pymes y clústeres productivos.
Reformas institucionales prioritarias
- Armonización fiscal y de comercio: pactar unas directrices compartidas respecto al impuesto al valor agregado, los aranceles y las exenciones, implementando instrumentos de compensación entre las regiones para prevenir mermas recaudatorias locales.
- Un espacio económico único: la consolidación de una normativa para la libre circulación de productos y servicios entre jurisdicciones, suprimiendo trabas burocráticas superfluas y estableciendo la aceptación recíproca de permisos y certificaciones.
- Ventanillas únicas digitales: desplegar una plataforma electrónica nacional destinada a la tramitación de licencias, inscripciones mercantiles, autorizaciones de construcción y permisos ambientales, sujeta a plazos límite estrictos.
- Entidad coordinadora para inversión: constituir un organismo estatal de atracción de capitales que articule su labor junto a las oficinas regionales, impulse iniciativas listas para ejecutar y administre estímulos claros.
- Reforma del sistema judicial y anticorrupción: potenciar la autonomía de los tribunales, dotar de órganos mercantiles especializados a la justicia y fortalecer los gabinetes anticorrupción dotándolos de facultades de investigación y nexos internacionales.
Medidas económicas y regulatorias concretas
- Incentivos temporales y condicionados: ofrecer incentivos fiscales y asistencia a la inversión para proyectos que generen empleo certificado, transferencia tecnológica o inversión regional, con cláusulas de cumplimiento verificables.
- Simplificación de permisos y regulaciones laborales: reducir plazos para contratación y salida, modernizar inspecciones laborales y establecer programas de empleo temporal para jóvenes y repatriados.
- Política industrial orientada a clústeres: identificar sectores con ventaja comparativa —metalurgia, maquinaria ligera, agroindustria, TIC y turismo— y apoyar parques industriales y centros de formación vinculados a empresas.
- Fomento de asociaciones público-privadas (APP): marcos claros para concesiones en transporte, energía y gestión de residuos, con separación de roles, transparencia y evaluación social.
- Acceso a financiamiento: crear instrumentos de crédito concesional para pymes, facilitar garantías parciales y promover fondos de capital riesgo locales que atraigan coinversiones extranjeras.
Proyectos de infraestructura e inversiones estratégicas
- Modernización de redes energéticas: destinar recursos a interconexiones, eficiencia y fuentes renovables para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y captar proyectos verdes.
- Corredores logísticos: acondicionar vías terrestres y ferroviarias que enlacen los enclaves industriales con los puertos de la región, abaratando los gastos de exportación.
- Parques industriales “llave en mano”: impulsar áreas dotadas de servicios esenciales, autorizaciones adelantadas y soporte logístico con el fin de agilizar el asentamiento de compañías manufactureras.
- Proyecto piloto de digitalización municipal: diversos ayuntamientos aliados para brindar trámites electrónicos, catastros al día y licitaciones transparentes, evidenciando resultados replicables.
Estrategias humanas y de capital social
- Capacitación técnica y reciclaje profesional: iniciativas de formación en colaboración con el sector empresarial para satisfacer carencias específicas de personal experto.
- Convalidación de credenciales y desplazamiento laboral: convenios destinados a la homologación ágil de competencias a nivel nacional junto con incentivos para el retorno de talentos emigrados.
- Implicación cívica y rendición de cuentas: portales de información abierta acerca de licitaciones públicas, asignación de capital e indicadores financieros con el fin de consolidar la credibilidad colectiva.
Mecanismos de financiamiento y cooperación internacional
- Uso eficiente de fondos de preadhesión: canalizar recursos de la Unión Europea y bancos multilaterales hacia reformas institucionales y proyectos de infraestructura priorizados.
- Apoyo de organismos financieros: líneas de crédito y garantías del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial y bancos regionales para mitigar riesgos iniciales.
- Movilización de la diáspora: vehículos financieros y bonos para inversión en vivienda, pymes y proyectos verdes, aprovechando remesas y capital humano.
Indicadores para medir progreso
- Incremento del ratio IED/PIB y número de proyectos greenfield aprobados.
- Reducción del tiempo y costo para registrar una empresa y obtener permisos de construcción.
- Mejora en indicadores de facilidad para hacer negocios y en percepciones de corrupción.
- Creación neta de empleo formal, especialmente juvenil, y aumento de las exportaciones por sector.
Riesgos y medidas de mitigación
- Resistencia política: plantear cambios graduales, centrados en ventajas concretas para administraciones locales y acompañados de incentivos tributarios transitorios.
- Captura por intereses: incrementar la rendición de cuentas, auditorías imparciales de iniciativas y la intervención ciudadana.
- Choques externos: abrirse a nuevos mercados y fomentar redes productivas locales para disminuir la exposición a riesgos.
Las respuestas integradas, que abarcan desde la convergencia reglamentaria y el establecimiento de un mercado unificado hasta iniciativas tangibles de infraestructura y capacitación, tienen el potencial de convertir la división institucional en una ocasión propicia para modelar un esquema de captación de capitales mucho más eficaz y equitativo. El avance demanda metas definidas, indicadores comprobables y una dirección política dotada de la capacidad para compaginar las demandas locales con el respaldo técnico y económico global; únicamente de esta manera el país logrará potenciar su competitividad en el ámbito continental y brindar horizontes estables a las futuras generaciones.
